Por ANDRÉS TAPIA

Junio 5, 2009. En la ciudad mexicana de Hermosillo, Sonora, tiene lugar un incendio en la guardería infantil ABC. Mueren 49 niños y más de 70 resultan heridos. A poco más de cinco años de distancia, alrededor de 25 personas fueron procesadas por su probable responsabilidad, mayormente por omisiones (la estancia infantil no cumplía con los requisitos mínimos de seguridad en caso de un siniestro), pero ninguna fue juzgada ni condenada, todas se encuentran en libertad.

En fechas recientes, se dieron a conocer al menos tres testimonios rendidos el 20 de enero de 2014, ante el Ministerio Público de la Federación, Mario Zapata Cazares, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), que señalan que el incendio de la Guardería ABC no fue accidental sino provocado. El móvil tendría que ver con la desaparición de unos documentos que registraban cifras en torno a una deuda por 10,000 millones de pesos, adquirida por el gobierno de Eduardo Bours Castelo.

De acuerdo a tales testimonios, Carlos Lam Félix, secretario técnico de Bours Castelo, habría dado la orden de quemar una bodega de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contigua a la guardería, a un hombre llamado Carlos Andrés López Meza, chofer y jefe de escoltas del gobernador, para desaparecer de ese modo los documentos. López Meza habría cumplido la orden, pero el fuego se extendió a la guardería propiciando de ese modo la tragedia.

Un par de meses después, Carlos Andrés López Meza moriría asesinado en circunstancias no aclaradas.

La noche y la madrugada del 22 y el 23 de agosto de 2010, 72 migrantes que habían sido secuestrados por el Cártel de los Zetas, fueron asesinados en un rancho conocido como El Huizache, en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. Las víctimas, 58 hombres y 14 mujeres, fueron masacrados a balazos. A cuatro años de distancia, el móvil de tal crimen no está claro, si bien un sobreviviente que logró escapar “de manera milagrosa” (corrió 16 kilómetros con un disparo en la mandíbula y otro más en la clávicula hasta hallar un puesto militar), un hombre joven de nacionalidad ecuatoriana, relató en su momento que la masacre tuvo lugar porque las víctimas se negaron a formar parte del grupo criminal.

Por el número de muertos, la noticia tendría que haber generado un gran revuelo, a nivel nacional e internacional, y así ocurrió, pero con el paso del tiempo fue diluyéndose en el olvido y tan sólo unos cuantos reporteros y periodistas le dieron seguimiento. Se capturaron a algunos miembros del cartel, se les señaló como responsables, así como también a algunos polícias vinculados con la organización criminal. Pero la versión oficial de los hechos fue famélica y nunca abundó en detalles, a pesar de tratarse de una masacre sólo comparable a las que tienen lugar en las guerras.

El domingo 6 de abril de 2011, se descubren dos fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, con 48 cadáveres. Dos días más tarde, son 17 fosas y el número de muertos asciende a 81. Cuando llega el 15 de abril, la policía de México arresta a 17 integrantes de Cártel de los Zetas y a un número similar de polícias; ese día la cifra de fosas y muertos llega a 36 y 145, respectivamente. A finales de abril, el gobierno de México no se decide por revelar la cifra de total de muertos. Cuando lo hace se conoce que son 193.

No hay móviles aparentes ni más evidencias que los propios cuerpos, muchos de los cuales presentan golpes brutales. De lo poco que se tiene certeza es que Los Zetas secuestraban autobuses de pasajeros, los hacían descender en descampados ocultos y ahí los asesinaban. Un par de versiones oscuras y no comprobadas, refieren que se deshacían de los niños y los ancianos, violaban y asesinaban a las mujeres, y sólo los hombres jóvenes y fuertes tenían alguna oportunidad de sobrevivir: los enfrentaban entre sí, con algún tipo de mazo, y los sobrevivientes pasaban a ser parte del cártel. Puede ser cierto o puede ser mentira. Lo único cierto es que la llamada “Segunda Masacre de San Fernando” arroja 193 cadáveres.

Ese mismo día se reporta que fueron hallados 104 cádáveres en dos distintos sitios del estado de Durango. Los primeros cuerpos (cuatro) habían aparecido a principios de mes, pero el desarrollo de los eventos en San Fernando eclipsó los hallazgos. El 13 de junio de 2011 se conoce que los muertos en Durango son 219. Ese mismo día se revela, y está registrado en un documento desclasificado por la Embajada de Estados Unidos en México, que Guillermo Valdés, director del CISEN (el servicio de inteligencia mexicano), aseguró en privado a “alguien” que las agencias gubernamentales de México no se coordinan entre sí. Ese mismo documento, que forma parte del escándalo cibernético conocido como Wikileaks, asegura que un grupo de funcionarios del Instituto Nacional de Migración de México fue despedido por detener autobuses, hacer descender migrantes y entregarlos al crimen organizado. El lunes 11 de febrero de 2013, la cifra de muertos en Durango se detiene en 331.

El 13 de mayo de 2012, en lo que es conocido como la Masacre de Cadereyta, en Nuevo León, 49 cuerpos mutilados aparecen en una autopista que conecta a las ciudades de Cadereyta y Reynosa. Cuatro días antes, 18 cadáveres fueron hallados en un pequeño pueblo cercano a la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

El pasado 30 de junio de 2014, en lo que originalmente se reportó como un enfrentamiento entre criminales y el ejército mexicano en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, 22 sospechosos fueron abatidos por las fuerzas militares. Días más tarde, empero, dos investigaciones periodísticas negaron los hechos y apuntaron a una ejecución sumaria. Al día de hoy, al menos ocho militares están detenidos.

La noche del 26 de septiembre pasado, 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Guerrero, fueron detenidos, secuestrados y muy probablemente asesinados y quemados, en una trama que incluye a policías y funcionarios corruptos, así como al crimen organizado.

Como nunca en mucho tiempo, las protestas por la desaparición de los estudiantes han escalado a niveles extraordinarios, lógicos y por momentos alarmantes. Marchas, performances, protestas, violencia, vandalismo, han tenido lugar a partir de tan atroz hecho. Y como nunca, también, han colocado a México en la mira del escenario internacional.

No he emitido un voto a favor de ningún partido político desde las elecciones federales de 1994. Y nunca, en lo que me resta de vida, volveré a hacerlo. Los políticos y los partidos en México, sea cual sea la corriente o la tendencia que representen, atienden mayormente a sus intereses, no a los de aquellos que los eligieron como sus representantes. En los hechos que he relatado líneas arriba, los intereses de los principales partidos políticos de México, PRI, PRD, PAN, así como algunos de menor calado (PT, PVEM, etc.), sea por obra u omisión, no son los de establecer un estado de derecho armónico en el que población se sienta protegida y segura, sino de perpetuar un caos eterno en el que sólo unos cuantos resulten beneficiados.

En varias ocasiones, el escritor mexicano Héctor Aguilar Camín se ha referido a los criminales, al crimen organizado, como “los hijos de puta”; yo también lo he hecho. Como la frase es común, vulgar y no hay manera de saber quién la acuñó por primera vez en la historia, no hay disputa por su paternidad.

Tengo muy claro que hay hijos de puta que han asesinado a otros hijos de puta; que de los 26,567 mexicanos desaparecidos que ha reconocido el gobierno federal en fechas recientes, muchos son hijos de puta, muchos otros no; que los hijos de puta secuestran, roban, extorsionan, torturan, degollan, traicionan, queman, disuelven en ácido, trafican con personas, con niños, violan, seducen, se hacen las víctimas, engañan… Esos son los peores.

Pero también hay otros hijos de puta. Otros que no hacen propia ni literalmente lo que los anteriores, pero que se benefician de ello, ya sea, repito y agrego: por obra, connivencia, complicidad u omisión. Son esos que esperan la víspera de las elecciones para denunciar un crimen, que se guardan información privilegiada, que desvían la mirada para no ver lo que deben de ver, o miran únicamente lo que les conviene.

En la dialéctica actual de los tiempos, tres palabras mancillan y ofenden lo mismo a quien las pronuncia que a su destinatario: “Fue el Estado”.

No, no fue el Estado, o no solamente él. Fueron los hijos de puta que perpetraron los crímenes, los hijos de puta que permitieron a partir de su complicidad, incapacidad o miedo que tales tragedias ocurrieran, y los hijos de puta que teniendo el poder y el gobierno son incapaces de detener a los primeros y a los segundos.

Y también, por supuesto, los hijos de puta como nosotros: que los pusimos ahí y que apenas hoy, después de tantos muertos, hemos empezado a abrir los ojos.